Columna y Baluarte de la Verdad

Por orden de los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social Sebastián Russo y Juan Fantini, la Anses volverá a abonarle, de manera provisoria, una pensión de privilegio a la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada por corrupción en la llamada causa Vialidad. Según la notificación que el organismo previsional elevó a la Justicia, el beneficio correspondiente a agosto ascenderá a 15.683.154 pesos en bruto.

El pago implica un hecho tan injusto como paradójico, por más de una razón. Por un lado, porque el propio Estado al cual la exmandataria defraudó se ve ahora obligado a destinar cada mes varios millones de pesos a su bolsillo.

Resulta por lo demás absurdo que se ordene pagar un ingreso vinculado con el honor de haber ejercido la Presidencia al mismo tiempo que sobre la beneficiaria pesa una grave condena que, según el Código Penal, prevé la suspensión del cobro de prestaciones previsionales. Una condena que, en este caso, derivó, además, en la orden de un decomiso de sus cuantiosos bienes, confirmada por el más alto tribunal del país. La devolución de lo robado tiende a que el patrimonio público sea reparado frente al daño sufrido por las acciones que llevaron a la condena a seis años de prisión.

En la cuestión de la condena penal y sus efectos reparó especialmente el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, al redactar su dictamen referido al recurso de queja que el fiscal Juan Carlos Paulucci había elevado ante la Corte Suprema. Ese recurso del Ministerio Público Fiscal (que va en igual sentido que uno presentado por la Anses) busca que los jueces del tribunal superior intervengan y rechacen la medida cautelar que establece la reposición del pago de la pensión que cobraba por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La cautelar en cuestión fue pedida el año pasado por la expresidenta. Su pretensión era que se le abonara una de las dos asignaciones con carácter provisional hasta que se dicte una sentencia de fondo sobre la cuestión de la cual trata el litigio: si es o no es válida la resolución administrativa de la Anses que, en noviembre de 2024 y luego del fallo de Casación Penal, dio de baja las dos prestaciones.

Uno de los pagos (el que se repondrá) es el derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. El otro es el correspondiente al hecho de que la propia Cristina Kirchner ejerció la Presidencia. En rigor, la ley 24.018 establece incompatibilidades, por las cuales no deberían cobrarse ambas prestaciones en forma simultánea. Eso es tema de otra demanda que desde hace años está abierta en la Justicia.

La medida cautelar fue negada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis. Tras una apelación presentada por Cristina Kirchner, los ya mencionados jueces Russo y Fantini hicieron lugar a la solicitud y, posteriormente, rechazaron un recurso extraordinario para que el expediente llegara al tribunal supremo.

Ahora está pendiente la resolución, por parte de la Corte, del recurso de queja. En la opinión de Casal, la cuestión debería ser considerada por ese tribunal. Según el procurador, el pago establecido por orden judicial altera el cumplimiento de la condena penal que se encuentra firme. En la causa Vialidad, los jueces del fuero penal determinaron que la exfuncionaria es “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Esa condena conlleva la imposibilidad de cobrar pensiones “como las que el pronunciamiento apelado [por la medida cautelar] ordena pagar”, indica Casal. Advierte también el procurador que los jueces no expusieron las razones que los llevaron a pasar por alto lo que establece el Código Penal, en el sentido de que una condena a prisión por más de tres años implica la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, “la cual importa la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”.

Casal califica con razón como un “grave conflicto institucional” que los magistrados que tienen asignado analizar cuestiones jubilatorias hayan invadido la competencia de otro fuero. La admisión de la cautelar, según evalúa, pretende desconocer las consecuencias que tiene una sentencia penal firme.

Es la Corte la que ahora debe decidir si la considera y, en tal caso, pronunciarse respecto de si corresponde o no que, estando condenada y presa, Cristina Kirchner reciba la prestación.

Más adelante, deberá definirse judicialmente si se respalda o no el acto administrativo de la Anses que dio de baja las prestaciones. En caso de que la Justicia convalide esa decisión, la expresidenta deberá devolver el dinero que se le haya abonado a partir del cumplimiento de la medida cautelar, a la vez que ya no percibirá más ninguna de las prestaciones de privilegio, ni siquiera una vez cumplido el período de prisión por la condena ya existente ni, eventualmente, una vez cumplidas otras penas en su contra.

Quien se ha apropiado delictivamente del dinero de los ciudadanos no debería recibir ningún privilegio.

El ruido generado por vecinos es uno de los factores que pueden incidir mucho en el valor de reventa de un departamento.

Aunque por lo general suele considerárselo un problema cotidiano menor, su impacto económico es muchas veces decisivo. La presencia de ruidos molestos —internos o externos a la propiedad— puede reducir el interés de potenciales compradores y obligar al vendedor a ajustar el precio para compensar esa desventaja.

En grandes ciudades, donde la convivencia en edificios es la norma, la calidad acústica se volvió un criterio de evaluación tan relevante como la luminosidad, la ventilación o el estado general de la propiedad.

La razón es clara: el comprador busca minimizar riesgos futuros y evitar situaciones que afecten su descanso o su vida diaria. Cuando el ruido es persistente y verificable, la propiedad pierde competitividad frente a otras alternativas del mismo rango de precio.

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“A la hora de tasar un departamento para la venta como de acompañar a un cliente a comprar, todo lo que está alrededor influye. No es lo mismo tener un parque que un colegio o un club”, dice Carola Fernández Berisso, gerenta del sector residencial de Achaval Cornejo. “En cuanto a la vecindad es bueno saber, por ejemplo, si el edificio es o no apto profesional. Los dentistas, por ejemplo, hacen mucho ruido, pero también el uso del ascensor o la entrada y salida de gente”, agrega.

Conocer si es apto profesional es clave

Claro que el impacto en la tasación depende de la intensidad y la frecuencia del ruido. En casos leves, como sonidos ocasionales provenientes de un vecino puntual, la afectación puede ser mínima y resolverse mediante acuerdos de convivencia. Sin embargo, cuando el ruido es estructural —por ejemplo, mala aislación acústica, vibraciones por maquinaria, locales comerciales en planta baja o fiestas recurrentes— la depreciación puede oscilar entre un 5% y un 15%. Este rango se observa especialmente en unidades internas o en pisos bajos, donde la transmisión sonora es mayor y la percepción de molestia se intensifica.

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Además, el ruido afecta la experiencia de visita del potencial comprador. Si durante la recorrida se perciben sonidos molestos, la decisión se ve influida de inmediato. Los agentes inmobiliarios señalan que este tipo de situaciones reduce la disposición a realizar una oferta y, cuando se hace, suele ser por debajo del valor esperado. La primera impresión es determinante y el ruido actúa como un elemento que deteriora la imagen general del inmueble, incluso si otros atributos son positivos.

“En lo que se refiere a ruidos, lo más importante es lo que rodea al departamento o a la casa a comprar, cómo es la cuadra, qué tipo de vecinos tiene. Luego, si el ruido se origina en el mismo edificio es muy difícil saberlo, pero hay algunas maneras de chequearlo, como saber si es apto profesional por reglamento”, concluye Fernández Berisso.

La Bombonera resultó como una caja de resonancia y se expresó tan claramente... Los primeros aplausos para Leandro Paredes y Tomás Aranda permitieron comprender cuál es el humor reinante en Boca. De la misma manera que la indiferencia mezclada con silbidos para Sebastián Villa fue una señal inequívoca de qué sienten los hinchas por el retorno del colombiano. En ese contexto es que resultó imposible no advertir lo incómodo que fue para los hinchas estar viendo al equipo en el primer paso en la Copa Sudamericana, bajo el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, sin poder sentir desconfianza, aún cuando la victoria contra O’Higgins por 1-0 no fue inapelable, pero sí lógica y mucho más necesaria.

Es trillado aquello de que la cancha de Boca late, pero en estos momentos lo que se advierte es que se expresa de formas tan nítidas que es sencillo leer que el equipo estuvo muy lejos de darle un mensaje de un cambio real a los hinchas, como para que confíen en que será distinto el segundo semestre de 2026.

Un murmullo permanente dominó buena parte del primer tiempo y algunos tramos del segundo ante O’Higgins, un equipo que nunca había pisado este escenario, pero que se fue dejando en claro que para nada lo intimidó la empresa y que además supo comprender que su rival estaba algo confundido por la urgencia de tener que torcer una imagen que por momentos lució como la de siempre, como la que lo dejó afuera de la Copa Libertadores.

Encontró algunas señales, porque Álvaro Montero le oreció un guiño, ya que le respondió cuando el equipo chileno ofreció su impronta de mostrarse irrespetuoso en su excursión inédita por la Bombonera. El arquero colombiano mostró que no le pesó la primera pelota caliente, porque Sarrafiore sacó un zurdazo picante que lo obligó a estirarse con mucha destreza para desviar la pelota al córner y para dar un primer pulso positivo como apuesta de Juan Román Riquelme. Aunque claro, en Boca, la palabra certeza asociada a un refuerzo desapareció del diccionario.

Y resultó tan honesto el mensaje que bajó desde las tribunas durante casi todo el primer tiempo que fue indisimulable la incomodidad de los hinchas por estar en un partido por la Copa Sudamericana, como consuelo para los huérfanos de la Libertadores y que era ante un rival que sintió que está por fuera del radar de su categoría.

Además, fue claro que todos sintieron que estaban ante un Boca con muy pocos síntomas de mejoría, que estaban haciendo esfuerzos por ejercitar la paciencia en el amanecer del ciclo de un hombre de la casa (léase el DT con el amianto necesario para este tramo de la gestión Riquelme) y que nadie hizo el más mínimo sacrificio por esconder la mueca de desagrado por ver a Villa correr por la banda izquierda.

Hasta el campo de juego pareció estar fastidioso por tener este partido, porque lució como un arenero en el que por momentos se fagocitaba a los futbolistas ante la mirada de reojo desde las tribunas. Incluso Paredes se molestó en un par de ocasiones que intentó rematar desde lejos y la pelota terminó en cualquier lado. Si hasta en el gol de Miguel Merentiel se vio cómo el uruguayo casi que arrastró la pelota ante un césped que claramente no estaba a la altura de la cita, o sí.

Y hasta la tecnología dejó el festejo del gol casi ahogado. Es que ya lleva varias desilusiones el hincha de Boca en las que las conquista de Merentiel se diluyeron por la intervención del VAR. Entonces, lo que podría haber supuesto una explosión se quedó a mitad de camino ante la desconfianza constante de un Boca que se convirtió en un especialista en eso de generar escenarios desconcertantes.

Dejó de sufrir después del gol del delantero uruguayo, desactivó a O’Higgins, controló la pelota, levantó por momentos a la gente que dejó de mirar expectante para acordarse de River, un posible obstáculo en el horizonte de la Sudamericana. Aplaudieron por momentos los arranques de Leonel Flores y de Milton Delgado, marcando una clara diferencia entre los chicos del club con el resto de los jugadores. Pero también por momentos los hinchas volvieron a perderse en esa sensación de que el equipo sigue siendo de mandíbula frágil y que hasta divaga en su forma de querer jugar e imponer sus condiciones.

Entonces, en ese contexto pensar en que una victoria por la mínima diferencia podría resultar suficiente frente a un Boca tan inestable, en la revancha de la semana próxima en Chile, no deja de ser inquietante y por eso se advirtió que los hinchas se fueron sin sentirse seguros que avanzar en la Sudamericana es casi un trámite resuelto.

La Bombonera habló y dejó en claro que la desconfianza no desaparece, que no tiene paciencia cuando aparecen en escena viejos conocidos como Braida, Zenon o Velasco, incluso cuando se gana.

Uno de los cuestionamientos usuales al proyecto de Ley de Libertad Educativa sostiene que no todos los padres están calificados para decidir qué educación resulta más conveniente para sus hijos. Muchas familias carecerían de la formación necesaria para tomar buenas decisiones.

Pero la sospecha no suele dirigirse hacia todas las familias. Nadie exige a los padres con recursos que demuestren su capacidad antes de elegir una escuela privada. El cuestionamiento aparece cuando se propone reconocer dicha posibilidad a quienes viven en la pobreza.

¿No es acaso un argumento discriminatorio? No existe forma de negarlo: asocia pobreza, escasa educación o una vida difícil con ausencia de responsabilidad hacia los hijos.

Los hechos desmienten ese prejuicio; veamos algunos casos. En mayo de 2024, LA NACION publicó la historia de Milagros González, licenciada en Nutrición y primera universitaria de una familia de Merlo. Sus padres habían comenzado a trabajar a los trece y diez años y sólo habían completado la escuela primaria. Sin embargo, postergaron otros gastos y, aun cuando les resultaba difícil pagarla, enviaron a sus hijos a una escuela privada porque consideraban que la educación debía ser la prioridad. Querían para ellos oportunidades que sus propias vidas no les habían brindado.

Esta historia no constituye una excepción sentimental. En circunstancias mucho más extremas, padres afectados por la prostitución, la migración forzada, la violencia o la pobreza extrema han realizado esfuerzos concretos para ofrecerles a sus hijos una vida diferente.

En junio de 2004, The New York Times Magazine relató la primera lotería de ingreso a Promise Academy, una escuela creada en un área de Nueva York donde más del 60% de los niños vivía bajo la línea de pobreza. Para 180 vacantes se presentaron 359 solicitudes. El auditorio estaba colmado de familias. Una mujer cuya sobrina vivía con su madre en refugios para familias sin hogar explicó, entre lágrimas, que aquella escuela les ofrecía una educación que no tenían medios para pagar. Quienes quedaron en lista de espera preguntaban qué podían hacer para conseguir una vacante. La nota refleja cómo familias de uno de los sectores más desfavorecidos de Nueva York buscaban activamente una mejor educación para sus hijos.

En noviembre de 2014, The Guardian, diario británico, relató la experiencia de Prerana, una organización dedicada a proteger a los hijos de trabajadoras sexuales en Kamathipura, el famoso barrio rojo de Mumbai. Hijos de trabajadoras sexuales, algunos de apenas cinco años, corrían detrás de taxis para atraer clientes hacia los burdeles donde trabajaban sus madres. Cuando Prerana conversó con las madres, expresaron que querían para sus hijos una vida digna y alejada de ese mundo. La organización comenzó entonces a ayudarlos a ingresar en la escuela municipal y a evitar su deserción. Es claro que aquellas mujeres no querían que sus hijos reprodujeran la vida que ellas padecían.

En junio de 2024, El País documentó una experiencia en Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobres de Bogotá, donde casi 500 niños intentaron ingresar a Still I Rise, una escuela gratuita para familias empobrecidas, migrantes y desplazadas. Entre ellas se encontraba Yamileth Julio Berrío, madre soltera de tres niñas, desplazada por la violencia paramilitar. Su propia escolaridad había terminado cuando los paramilitares amenazaron con matar a quien regresara a la escuela de su pueblo. Al hablar de su hija Melani, afirmó: “Me da mucho orgullo saber que mi hija no se va a morir sin saber leer ni escribir como mis padres”. La violencia había interrumpido su educación, pero no le impedía reconocer la que deseaba para sus hijas.

En febrero de 2025, Associated Press describió una escuela creada en Nouadhibou, Mauritania, para hijos de migrantes y refugiados de África occidental. Muchas familias no podían ingresar al sistema oficial porque carecían de documentación. Aunque no planeaban permanecer en Mauritania, los padres describían la escuela como una tabla de salvación para el futuro de sus hijos. Aun sin estabilidad jurídica, con escasos recursos y sin saber dónde terminarían viviendo, procuraban que sus hijos continuaran estudiando.

Un último ejemplo. En febrero de 2026, The Guardian documentó la situación de los niños nacidos en Daulatdia, Bangladesh, uno de los mayores barrios legales de prostitución del mundo. Durante décadas habían permanecido fuera de los registros oficiales porque sus madres eran trabajadoras sexuales y sus padres eran desconocidos. Algunas madres enviaban a los niños a escuelas religiosas no reguladas; otras pedían a hombres conocidos que se presentaran falsamente como padres para conseguir su inscripción. Es difícil imaginar una evidencia más concreta de responsabilidad parental. Aquellas madres recurrían incluso a padres ficticios para que sus hijos pudieran estudiar.

Reconocer la responsabilidad parental no significa declarar infalibles a los padres. Significa no presumir su incapacidad por el solo hecho de que sean pobres, posean poca educación o vivan en contextos profundamente deteriorados. Existen padres negligentes, violentos o incapaces de cuidar adecuadamente a sus hijos, en todo estrato social. Para esos casos deben existir mecanismos eficaces de protección. No existe duda de que el Estado tiene un rol indelegable.

Éste es el punto que debería preceder a cualquier discusión sobre la Ley de Libertad Educativa. El proyecto no requiere suponer que todos los padres tomarán siempre la mejor decisión. Requiere una presunción mucho más modesta: que las familias, también las más pobres, sean reconocidas como sujetos responsables y no como simples destinatarias de lo que otros decidan para ellas.

Desconocerlo es discriminación.

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